II. La seguridad jurídica del País, que es una finalidad constitucional, está siendo afectada por los recientes hechos. El máximo Órgano de Justicia está gravemente amenazado por el desorden reinante en su interior, debido a la toma de posesión de los magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional.
III. La toma de posesión de facto (de hecho) de los señores abogados, cuyo nombramiento como magistrados fue declarado inconstitucional, no les da posesión de iure (de derecho); y por el contrario, agudiza el conflicto, al grado de existir, con apariencia legal, dos Cortes Plenas y dos Presidentes del Órgano Judicial, generando mayor incertidumbre e inseguridad jurídica en nuestro País.
IV. Conscientes de que para alcanzar la paz es necesario fundamentarnos en la justicia, hacemos un llamado urgente a los señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa para que, en aras del bien común, sea preservada la independencia judicial, restableciendo a la mayor brevedad, el orden constitucional alterado, dando cumplimiento íntegro a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, eligiendo como magistrados a personas que reúnan los requisitos exigidos por la Constitución de la República.
V. Invitamos a todos los salvadoreños a unirnos en oración, implorando la sabiduría divina para quienes tienen la grave responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes, a fin de llevar a la nación a la paz social que todos queremos.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal de El Salvador, San Salvador 20 de julio de 2012
