La Iglesia católica en El Salvador ha pedido al Parlamento la derogación de las elecciones de los magistrados, según lo establecido por una sentencia, para restaurar “el Orden Constitucional deteriorado” y ha advertido que la toma de posesión “de hecho” de los jueces ha llevado al país a tener dos Cortes Plenas y dos Presidentes del Órgano Judicial, generando mayor incertidumbre e inseguridad jurídica en nuestro País.
La Conferencia Episcopal de El Salvador subraya en su declaración que la Asamblea Legislativa debe obedecer a las resoluciones emitidas por el Consejo de la Corte Constitucional de Justicia (CSJ), que el 5 de junio anuló las elecciones de magistrados llevadas a cabo en 2006 y el 24 de abril de 2012, ordenando nuevas elecciones. Los Obispos han pedido que se elijan “como magistrados a personas que reúnan los requisitos exigidos por la Constitución de la República”.
En referencia a la toma de posesión forzada por estas personas, el comunicado subraya que “la situación no hace más que agudizar el conflicto”, “el máximo Órgano de Justicia está gravemente amenazado por el desorden reinante en su interior, debido a la toma de posesión de los magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional”.
La Iglesia ya se había expresado en este sentidohace algún tiempo. El Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha dicho que llamará a los seis partidos políticos al diálogo, para buscar una solución definitiva a la crisis. La oposición ha declarado a la prensa local que está de acuerdo con la iniciativa de Funes.
(CE) (Agencia Fides, 23/07/2012)
Documento que ha presentado la Agenzia Fides:
Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de El Salvador ante el deterioro del Orden Constitucional en el país.
I. La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) ve con mayor preocupación ciudadana y pastoral el incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, por parte de la Honorable Asamblea Legislativa, lo que ha agudizado la polarización entre la población salvadoreña, generando manifestaciones de violencia, más intolerancia e intranquilidad social.
II. La seguridad jurídica del País, que es una finalidad constitucional, está siendo afectada por los recientes hechos. El máximo Órgano de Justicia está gravemente amenazado por el desorden reinante en su interior, debido a la toma de posesión de los magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional.
III. La toma de posesión de facto (de hecho) de los señores abogados, cuyo nombramiento como magistrados fue declarado inconstitucional, no les da posesión de iure (de derecho); y por el contrario, agudiza el conflicto, al grado de existir, con apariencia legal, dos Cortes Plenas y dos Presidentes del Órgano Judicial, generando mayor incertidumbre e inseguridad jurídica en nuestro País.
IV. Conscientes de que para alcanzar la paz es necesario fundamentarnos en la justicia, hacemos un llamado urgente a los señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa para que, en aras del bien común, sea preservada la independencia judicial, restableciendo a la mayor brevedad, el orden constitucional alterado, dando cumplimiento íntegro a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, eligiendo como magistrados a personas que reúnan los requisitos exigidos por la Constitución de la República.
V. Invitamos a todos los salvadoreños a unirnos en oración, implorando la sabiduría divina para quienes tienen la grave responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes, a fin de llevar a la nación a la paz social que todos queremos.